Inmigrantes en Europa

Berlusconi pide una cumbre europea para frenar la inmigración ilegal

Se diría que el Gobierno italiano ya no sabe qué hacer para suscitar escándalo. Tras aprobar sin debate en el Parlamento nuevas medidas contra los inmigrantes y devolver a Libia media docena de barcos llenos de desesperados vulnerando las convenciones internacionales, el ministro de Defensa, Ignazio la Russa, ha subido el tono del esperpento al calificar a ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, como una organización “inhumana y criminal”.

 (ElPaís, España).- Las palabras de La Russa, que responden a las críticas lanzadas por ACNUR al Ejecutivo italiano por la reciente repatriación de media docena de barcazas a Libia, han producido estupor a muchos, y el ex primer ministro Massimo D’Alema las ha calificado de “indecentes”. Pero en plena campaña electoral para las europeas, parece claro que la derecha italiana ha decidido seguir cabalgando el miedo de la población al inmigrante.

Con Silvio Berlusconi ocupado en atacar a los medios -ayer los acusó de exagerar la crisis económica, días antes de contar falacias sobre sus amistades juveniles para provocar la ira de su mujer y su divorcio-, una parte del Gobierno parece darse cuenta, poco a poco, de que sólo con la ayuda de la Unión Europea es posible afrontar el fenómeno de la inmigración.

El ministro de Exteriores, Franco Frattini, ha pedido una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE sobre el asunto, y reclama la urgente constitución de una guardia costera europea que vigile las costas mediterráneas. Frattini quiere llevar el tema al orden del día del próximo Consejo Europeo de junio. Su idea es que las patrullas controlen en alta mar los barcos de inmigrantes para decidir a bordo cuántos tienen realmente derecho al asilo político. De esa manera, se podría rechazar a todos los demás sin que pisen suelo italiano.

Según ha añadido su colega La Russa en un lapsus traidor, es “mucho más humanitario devolverlos a Libia que dejarlos meses y meses en los centros de internamiento, donde se les trata de forma pésima”. Irónicamente, el Gobierno italiano lleva meses rebatiendo las acusaciones de que maltrata y discrimina a los inmigrantes, como sostienen las organizaciones humanitarias, la ONU, la oposición y la Iglesia católica, que consideran que la derecha asocia inmigración y criminalidad, pero no toma una sola medida dirigida a la integración. Algunas decisiones, como la de negar todo derecho civil a los sin papeles y a sus hijos, han sido comparadas a las leyes raciales de Mussolini.

El presidente de la República, Giorgio Napolitano, ha expresado su preocupación, de forma más suave, por “la difusión de una retórica pública que no duda en incorporar acentos de intolerancia o xenofobia”. Sin dejarse influir, Berlusconi ha apoyado las repatriaciones directas y ha proclamado: “Italia no será una sociedad multiétnica”.

Mientras, el ministro del Interior, Roberto Maroni, continúa extendiendo la especie de que el crimen viene de fuera. “En su primer año, Maroni ha pronunciado cientos de veces las palabras emergencia, gitanos y clandestinos. Lo curioso es que apenas ha hablado de mafia”, recuerda Antonio Mattone, secretario de la Comunidad de San Egidio en Nápoles.

El clima de odio y miedo se sigue nutriendo desde radios, diarios y televisiones, con titulares como éste, de ayer mismo: “Dos gitanos, uno de ellos de 14 años, matan a un anciano”. El suceso ocurrió hace semanas en Nápoles, y ahora falta comprobar en sede judicial si la inculpación es cierta. La reseña sirvió, al menos, como contrainformación.

Por la tarde se celebró en Nápoles una marcha para condenar los pogromos de Ponticelli, los ataques a los campamentos gitanos sucedidos hace un año. Las chabolas fueron incendiadas por la Camorra, con el beneplácito de la policía y de las fuerzas políticas. Todos deseaban impulsar la construcción en esa zona degradada de un pabellón multiusos. Cientos de familias huyeron, en lo que supuso el inicio del éxodo. Según diversas organizaciones católicas, la presencia de gitanos en Italia se ha reducido en un año más del 50%.

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